El Instituto Nacional Electoral (INE) puso en marcha una revisión interna para identificar posibles irregularidades durante la administración de Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del organismo. Entre las primeras medidas acordadas por los 10 consejeros electorales se encuentran la revisión de contratos y licitaciones, la evaluación de funcionarios de alto nivel y la apertura de un mecanismo de denuncias anónimas.
La consejera presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, informó que hasta este jueves 29 de octubre de 2026 se habían recibido 15 renuncias de funcionarios relacionados con la anterior administración, entre ellos Carlos Daniel Luna Rosas, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina de la Presidencia.
La nueva etapa también contempla suspender nuevas contrataciones mientras se revisan los procedimientos administrativos y los compromisos vigentes del instituto.
Las medidas buscan esclarecer posibles conflictos de interés y presuntas irregularidades en la asignación de contratos a proveedores del organismo electoral, así como determinar si existen elementos para dar vista a las autoridades fiscalizadoras.
INE confirma 15 renuncias de funcionarios cercanos a Taddei
Las salidas comenzaron a registrarse después de la separación de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE.
De acuerdo con Blanca Cruz, las 15 renuncias corresponden a personal de confianza relacionado con la Oficina de la Presidencia. Entre quienes dejaron sus cargos se encuentra Carlos Daniel Luna Rosas, colaborador que encabezaba dicha oficina.
La presidenta provisional explicó que las renuncias fueron presentadas de manera voluntaria, aunque aclaró que antes de concluir los procedimientos administrativos se deberá consultar al Órgano Interno de Control (OIC) para determinar si existen investigaciones abiertas contra los funcionarios.
Esta revisión también permitirá establecer si corresponde entregar los finiquitos respectivos o si existen procedimientos que deban atenderse antes de hacerlo.
Cruz García no descartó que se presenten más renuncias en los próximos días.
INE revisará contratos millonarios y licitaciones
Otra de las principales medidas será examinar los contratos que el organismo electoral mantiene con proveedores, tanto los que ya concluyeron como aquellos que continúan vigentes.
La revisión incluye un contrato superior a mil millones de pesos relacionado con la producción de credenciales para votar, en el que participan empresas proveedoras y Talleres Gráficos de México.
El procedimiento se encuentra bajo cuestionamiento por posibles irregularidades y presuntos vínculos entre funcionarios y contratistas. Entre los nombres mencionados en los señalamientos se encuentra José Alfredo Hernández Casillas.
Blanca Cruz señaló que el instituto debe conocer las condiciones en las que se celebraron los contratos, los servicios comprometidos y los procedimientos de adjudicación.
La funcionaria explicó que, si se detectan irregularidades, no se descarta una posible rescisión contractual, aunque cualquier decisión deberá considerar la continuidad de los servicios que necesita el INE.
En declaraciones difundidas por el organismo, Cruz García explicó que la revisión abarcará los contratos vencidos y los que todavía están vigentes, con el acompañamiento del Órgano Interno de Control.
Abrirán buzón de denuncias anónimas dentro del INE
Como parte de la depuración, el consejero Arturo Castillo adelantó que se habilitará un mecanismo para que los trabajadores del instituto puedan denunciar posibles irregularidades sin revelar su identidad.
El objetivo es conocer situaciones que, de acuerdo con los consejeros, no habían podido ser expuestas durante la administración anterior.
Castillo explicó que también se revisarán las licitaciones que permanecen activas para determinar cuáles requieren auditorías o investigaciones más profundas.
“Vamos a tomar medidas concretas. Uno, para abrir, por ejemplo, un buzón que permita la presentación de denuncias anónimas por parte de los funcionarios de este instituto, que nos hagan de su conocimiento todo lo que está pasando”, señaló.
El consejero agregó que las acciones buscan avanzar en la depuración institucional y establecer responsabilidades cuando existan elementos que lo justifiquen.
Evaluarán a funcionarios designados durante la gestión anterior
La revisión no se limitará a los contratos. Blanca Cruz también confirmó que se analizarán los perfiles de los funcionarios que integran la Junta General Ejecutiva y las distintas unidades técnicas del INE.
La evaluación contempla principalmente a titulares de direcciones ejecutivas, coordinaciones y áreas de alto nivel, muchas de ellas ocupadas por personas designadas durante la administración de Taddei.
Los 10 consejeros electorales acordaron revisar estos nombramientos y determinar qué perfiles pueden permanecer en sus responsabilidades.
Mientras se resuelve la situación, el instituto contempla cubrir algunas vacantes mediante encargados de despacho, procurando que las actividades electorales continúen sin interrupciones.
INE también revisará nombramientos en los OPLE
La depuración también alcanzará los procesos de designación de consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Este jueves, el Consejo General del INE declaró un receso en su sesión para revisar los nombramientos y analizar si existió alguna influencia de la expresidenta Guadalupe Taddei en esos procedimientos.
La revisión forma parte de las acciones que el organismo electoral busca implementar para transparentar sus decisiones administrativas y fortalecer los mecanismos de vigilancia interna.
Por ahora, las autoridades electorales deberán determinar si los hallazgos justifican investigaciones adicionales o dar vista al Órgano Interno de Control y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La presidenta provisional ha señalado que el INE no es una autoridad fiscalizadora, pero sí puede informar a las instancias competentes sobre posibles irregularidades para que se deslinden responsabilidades.
La revisión de contratos, las renuncias y la evaluación de funcionarios marcarán el inicio de esta nueva etapa en el organismo electoral, que tendrá como uno de sus principales retos garantizar la transparencia administrativa sin afectar la organización de los próximos procesos electorales.
